SEGURIDAD PÚBLICA
UNA NUEVA VISIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Necesitamos tener una conversación franca acerca de la seguridad pública en nuestro distrito de una forma en que nunca se haya hecho antes. Los robos en tiendas, el robo de convertidores catalíticos y los delitos violentos son problemas reales en el CD2. Pero hemos permitido una fijación en estos problemas a costa de ignorar otros. Por ejemplo, según datos informados por LAPD, en los últimos años el robo de identidad conformó una mayor porción del delito en nuestro distrito que el robo en tiendas; sin embargo, la cobertura del primero supera con creces la de esto último. El delito violento es más probable que suceda en una estructura de estacionamiento que en una parada de autobús o estación del metro, pero nos hemos convencido de que evitar el tránsito público es la mejor manera de eludirlo, incluso cuando la violencia entre vehículos particulares excedió el número de homicidios en toda la ciudad el año pasado.
Se pueden estar preguntando: “¿Qué tipo de candidata es Jillian Burgos?” “¿Apoya la ampliación de la fuerza policial?” “¿Es una defensora de la reforma?” Antes de abordar estas preguntas, es importante analizar la principal herramienta de respuesta de seguridad de nuestra ciudad —el Departamento de Policía de Los Ángeles— y preguntarnos en qué estado está ahora y hacia dónde se dirige.
UNA SOLUCIÓN VIEJA SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA NUEVO
Los Estados Unidos lleva años con un déficit de contrataciones de policías, y la Ciudad de Los Ángeles no es ninguna excepción. Este pasado abril, los informes mostraron que LAPD está graduando la mitad de la cantidad de oficiales necesarios para compensar la tasa de abandonos, un problema de dotación de personal que persiste desde hace años, a pesar de los nuevos y lucrativos bonos, como el subsidio para vivienda de $24K. Esto ha empeorado los tiempos de respuesta, y simplemente bajar el objetivo de contrataciones según lo propuesto no arreglará eso.
La histórica herramienta primaria para la seguridad pública de la Ciudad se está desgastando y las soluciones para evitar el desgaste no están funcionando. Buscar alternativas para el poder policial es la realidad práctica que debemos reconocer. Por eso, analicemos cuál es la situación de la seguridad pública poniendo el foco en el CD2.
UN NUEVO TIPO DE PRIMER RESPONDIENTE
A partir de las protestas por George Floyd, hemos empezado a reconsiderar cómo respondemos al crimen no violento, en especial si se tiene en cuenta que LAPD recibe relativamente pocas llamadas al 911 por crímenes violentos. El año pasado, hubo más 18,000 llamadas por incidentes de salud mental en Los Ángeles; e históricamente solo una fracción de estas llamadas recibía una respuesta de equipos de LAPD como la Unidad de Evaluación Mental (MEU) o los equipos SMART. En estos equipos colaboran profesionales de salud mental con oficiales bajo juramento, aunque solo un pequeño número de estos incidentes son de naturaleza violenta: el año pasado en Los Ángeles solo alrededor del 10 % de las llamadas al “918” especificaban conducta violenta cuando se registraba el incidente de salud mental.
La liga de protección Los Angeles Police Protective League (LAPPL) publicó una lista de casi 25 tipos de llamadas por incidentes no violentos a los que creen que LAPD ya no debe responder. La LAPPL expresó que este cambio liberaría a los oficiales para que se puedan enfocar más en crímenes violentos, resolver más casos y mejorar la motivación de los oficiales. Desde entonces, el Concejo Municipal ha explorado métodos alternativos de respuesta para llamadas por emergencias no violentas. Uno de ellos fue un compromiso de implementar los equipos de “Respuesta a crisis sin armas” o UCR para responder a llamadas por incidentes no violentos, en particular en torno a las crisis de salud mental.
En 2021 se puso en marcha el primer programa piloto de la Ciudad con el nombre CIRCLE, sigla del inglés que significa Respuesta a Crisis e Incidentes a través de la Participación Liderada por la Comunidad. CIRCLE capacita a personas que han estado encarceladas o han vivido en situación de calle para que respondan llamadas sobre falta de hogar. Actualmente este programa piloto solo funciona en algunas zonas de Los Ángeles, pero la Ciudad dice que desvió casi 6,000 llamadas al 911 en la segunda mitad de 2023. Las veces totales en que prestaron servicios, no solo cuando responden llamadas, fueron 12,000 por servicios sociales como alimentos, agua y ropa; 4,000 por referencias de vivienda y programas; y casi 1,000 por salud mental o médica.
En marzo de 2024, la Ciudad lanzó el programa piloto Modelo sin Armas de Respuesta a Crisis (UMCR), pero solo asignó $14 millones para financiarlo, en comparación con los $3,200 millones destinados al LAPD. Este programa reasigna 6 tipos de llamadas relacionadas con salud mental, alteraciones en la vía pública y controles de asistencia social. Sin embargo, el programa piloto solo funciona en 3 de los 21 precintos policiales, (ninguno de ellos en el CD2).
Los programas piloto como el UMCR y CIRCLE han ofrecido un promisorio comienzo para crear alternativas a la policía armada respondiendo a cada llamada. El UMCR, en apenas sus primeras diez semanas, desvió 100 llamadas por semana a profesionales de salud mental; esto liberó a los oficiales de policía para que se enfoquen en otras cuestiones. En un momento en que afrontamos dificultades para llegar a los números de reclutamiento y retención de oficiales bajo juramento, estos programas de desvío de llamadas constituyen una alternativa muy necesaria. Sin embargo, estos programas requieren una supervisión adecuada. Históricamente, CIRCLE ha sido mal usado en algunos distritos municipales como brazo del aparato de la ley y el orden y no siempre ha sido beneficioso para la comunidad.
Jillian propugnará por financiar en su totalidad estos programas y ampliar sus servicios al CD2 y a toda la Ciudad. Para actuar por el mejor interés de la comunidad, estos programas necesitan recibir evaluaciones independientes periódicas. Siempre que surja un problema, por protocolo se deberán hacer las debidas investigaciones. Aun cuando buscamos atender a nuestras poblaciones más vulnerables, también debemos protegerlas.
Jillian trabajará para establecer un Departamento de Seguridad de la Comunidad para garantizar que estos programas sigan recibiendo fondos suficientes y la infraestructura necesaria para poder alcanzar sus objetivos.
RESPONDER LA LLAMADA
La Ciudad también afronta un déficit en la dotación de personal en los operadores del 911, oficialmente denominados representantes de servicio policial. En febrero de 2024, el departamento tenía 162 puestos vacantes. Esto lleva a tiempos más prolongados de respuesta a las llamadas. La Oficina de Servicios de Emergencia de California recomienda que el 90 % de las llamadas al 911 se respondan en 15 segundos, pero durante los horarios pico, los operadores del 911 de LAPD solo respondían en un lapso de 15 segundos el 54 % de las veces. La Alcaldía ha priorizado ocupar estos puestos, pero este tipo de función tiene una rotación alta y muchos trabajadores sufren de “burnout” o agotamiento laboral. Hace poco, el Concejo Municipal ha explorado la posibilidad de mejorar los salarios y ofrecer más beneficios de salud mental para estos trabajadores, pero debido a las recientes restricciones presupuestarias, no ha habido demasiado movimiento en estas propuestas.
Jillian apoya la reactivación de las propuestas que instaban a mejores servicios de salud mental y mejor remuneración para nuestros representantes de servicios del 911, con el agregado de que estos fondos deben ser reasignados desde el presupuesto existente del LAPD de $3.2 billones, sin aumentarlo. Una mejor remuneración y una mejor atención de salud mental ayudará a disminuir la rotación de personal en ese departamento.
FRENAR LOS ROBOS
El robo de cualquier tipo compone casi tres quintos del delito en el distrito desde 2020, la mitad de los cuales es robo vehicular. En particular, se ha observado un intenso foco en el robo de convertidores catalíticos. Durante los últimos cuatro años, hemos visto una “explosión” de robos de convertidores catalíticos debido a sus metales preciosos, como paladio, platino y rodio, que triplicaron su valor en 2020. Sin embargo, el año pasado eso cambió. Los robos están disminuyendo por la misma razón que subieron hace cuatro años: el valor de los metales preciosos como el rodio cambió drásticamente en corto tiempo. El congresista Jim Baird explicó que el disparado valor fue el “verdadero motor” de los robos de convertidores catalíticos, sobre lo cual manifestó: “Dado que los precios de esos metales aumentan, [los ladrones] están más interesados en ellos”. Lógicamente, debido a que los precios del paladio y el rodio se desplomaron —el rodio bajó de casi $30,000 en abril de 2021 a unos $4,000 el año pasado—, lo mismo sucedió con los robos.
Los funcionarios electos locales y estatales tienen muy poca influencia en las fluctuaciones del precio de los metales preciosos, pero pueden influir en la evaluación del riesgo que cualquier persona hace al intentar robar metales preciosos. En 2022 y 2023, las leyes aprobadas por la legislatura estatal aumentaron la trazabilidad de los convertidores, dificultaron su venta y posesión e hicieron que su robo fuera una mayor prioridad para departamentos y agencias estatales. En abril del año pasado, el Concejo Municipal fue más allá y prohibió la posesión de un único convertidor catalítico sin conectar.
Las medidas preventivas como el grabado del VIN puede ayudar a desalentar los robos y facilitarle a la policía el rastreo de convertidores sustraídos. Al enfocarse en los compradores de partes robadas previamente identificadas, la policía puede romper el círculo de compradores y vendedores, como sucedió recientemente en Sacramento y Filadelfia, que desalentará futuros robos en primer lugar. En áreas de alto tráfico como Van Nuys se registran tasas más altas de robos de convertidores catalíticos. Jillian organizará eventos comunitarios en estas áreas en los que los dueños de vehículos pueden grabar sus números VIN en sus convertidores catalíticos.
Pero incluso con el derrumbe de los precios y estas políticas de lucha contra el mercado negro, los robos continúan con consecuencias trágicas; y continúan por la misma razón que las “leyes de mano dura contra el crimen” en los 80 y los 90 no funcionaron: básicamente, el delito está atado a la desigualdad en los ingresos.
Además del robo de vehículos, el robo de cables de cobre se ha convertido en problema creciente en todo Los Ángeles. Estos robos dejan barrios a oscuras, y representan un costo de millones de dólares en reparaciones para la Ciudad. Recientemente, Los Ángeles lanzó un programa piloto para cambiar 104 postes de alumbrado público tradicionales por postes solares en Van Nuys. Aunque estas luces tienen un costo inicial de instalación más elevado, no se conectan al tendido eléctrico y, por ende, no requieren cableado de cobre. Estos costos más altos se pueden amortizar con lo que se ahorra al no tener que financiar costosos grupos operativos especiales contra el robo de cobre o cambiar las luces rotas a las que los delincuentes les quitaron el cobre. Jillian ampliará el programa piloto de alumbrado público solar, lo que desalentará los robos y contribuirá a tener una ciudad más ecológica.
Además de las medidas disuasivas no punitivas para la delincuencia, como mejorar la iluminación de las calles, la Ciudad de Los Ángeles necesita continuar con su ambicioso programa piloto, BIG: LEAP (Ingresos Básicos Garantizados: Programa de Ingresos Económicos de Los Ángeles), que otorga a familias de bajos ingresos, seleccionadas aleatoriamente, $1000 por mes durante un año. BIG: LEAP no solo ayudó a las familias a costear necesidades básicas como alimentos, ropa y alquiler, sino que también refutó las ideas de que desalentarían a las personas a trabajar (en realidad el empleo a tiempo completo aumentó entre los participantes y permanecieron en esos trabajos por más tiempo) y los ayudó a encontrar lugares más seguros para vivir.
Si vamos a ser sinceros acerca del robo, tenemos que ser sinceros acerca del arco completo de los afectados. No podemos solo hablar del robo de convertidores catalíticos y pasar por alto el robo de salarios. Aquí en Los Ángeles, un estimado de $1,600 a $2,500 millones en salarios fueron robados a trabajadores del área de Los Ángeles durante la última década. El estado no ha podido atender las denuncias de manera oportuna, con una enorme cantidad de casos atrasados, sobre todo en la oficina de campo de Los Ángeles.
Aunque este es un problema del estado, a nivel local, es necesario tomar medidas concretas para atender los casos atrasados y apoyar la aplicación de las ordenanzas sobre robo de salarios. La Oficina de Estándares Salariales de la Ciudad tiene encomendada esta misión. El año pasado, la oficina del Contralor Municipal emitió un informe en el que se indicaban los puestos vacantes por departamento, y el Buró de Administración de Contratos, al que pertenece la Oficina de Estándares Salariales, tiene una tasa de vacancia de más del 25 %. Solo 7 de 43 oficinas tienen una tasa más alta de vacancia. No deberíamos recortar estos puestos: debemos darles el apoyo económico y logístico que el problema exige.
ABORDAR EL ABUSO DOMÉSTICO
Aparte de los homicidios, otros crímenes violentos y formas de robo, el abuso doméstico es el siguiente delito más prevalente en el CD2; representa un poco más del 7 % de todos los delitos denunciados. Como resultado, muchas víctimas de abuso doméstico terminan en situación de calle. Alrededor del 10 % de las personas sin hogar están huyendo del abuso doméstico y se encuentran sin tener un lugar donde vivir debido a una “escasez de albergues para casos de abuso doméstico”.
Abordar el abuso doméstico significa reconocer que los y las sobrevivientes de abuso doméstico normalmente son criminalizados por las acciones de sus abusadores. Por otra parte, muchos son escépticos y temerosos de buscar ayuda en los agentes del orden público, especialmente si se tiene en cuenta que la reforma legislativa que abordaba la criminalización de los sobrevivientes de abuso doméstico, como la AB2354, fue archivada en comisión.
Prevenir el abuso doméstico implica empoderar a los y las sobrevivientes con seguridad económica y habitacional para que puedan alejarse de sus abusadores de manera independiente. Necesitamos aumentar rápidamente las viviendas en la Ciudad específicamente para quienes sufren abuso doméstico, y Jillian luchará duro para obtener estos recursos.
RE IMAGINAR EL CONTROL DEL TRÁNSITO
En 2019, la Oficina del Inspector General recomendó evitar las “detenciones por pretexto” —el uso de infracciones menores de tránsito por motivos tan dudosos como “corazonadas”— debido a “discrepancias raciales bastante sustanciales” que muestran una cantidad desproporcionada de paradas de angelinos negros y latinos. En 2022, las detenciones por pretexto se “desplomaron” una vez que se le exigió al LAPD justificar esas detenciones. No nos daban más seguridad y solo contribuían a muertes que involucraban a oficiales y comenzaban por incidentes menores de tránsito, como el caso de Keenan Anderson.
Jillian abogará por las recomendaciones de LADOT “Estudio de alternativas al control de tránsito y grupo especial de trabajo comunitario”, por ejemplo:
-
Invertir en más iniciativas de reducción de velocidad en las calles para desalentar el manejo riesgoso, lo que en principio disminuye la necesidad de control policial proactivo.
-
Pasar las infracciones con vehículo en movimiento y estacionarias a equipos no armados del mantenimiento del orden público.
-
Adoptar alternativas progresivas a los modelos de multas y cobros como tarifas en una “escala móvil” basada en el nivel de ingresos que eviten el ciclo de deuda que muchas veces se asocia con el control del tránsito.